EDICIÓN 1048
Primer
informe del año
El jefe de Gabinete se presentó
ante la Cámara de Senadores
Seis meses después de haber asumido,
el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, se dispuso a presentar el
informe al Congreso nacional que determina la Constitución Nacional.
El anuncio oficial de fecha 11 de
junio fue rubricado por la presidenta provisional de la Cámara de Senadores, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.
Por sistema de video conferencia, de
carácter remoto o virtual, el jefe de Gabinete fue recibido en el recinto de la Cámara alta, acompañado por
la vicejefe de Gabinete, Cecilia Todesca; la secretaria de Acceso a la Salud,
Carla Vizotti; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el secretario de
Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro.
La sesión fue
presidida por Cristina Fernández y el resto de las autoridades de la Cámara
de Senadores.
La sesión especial informativa comenzó
con cierto retraso respecto de la hora indicada y la trasmisión de la sesión
pública se vio cuando ya estaba avanzada la exposición del funcionario.
Previamente, el visitante había recibido
por escrito un total de 624 preguntas, que fueron contestadas en un documento
de 702 páginas.
En su primer informe y luego de
numerosos reclamos de la oposición, para que “al menos una vez por mes” se
produzca el informe de gestión alternativamente en cada Cámara, el jefe de
Gabinete expresó que “la jubilación mínima en el
primer trimestre de 2020 creció un 19% y la inflación fue del 14%” y
reiteró que el objetivo del Gobierno es “empezar por los más humildes para
llegar a todos”. Sostuvo que el
50% de los jubilados de la mínima recibieron un haber entero más.
Agregó que “con la formula anterior, los jubilados perdieron un
20% del poder adquisitivo entre 2017 y 2019”, mientras que “la jubilación mínima
en el primer trimestre de 2020 creció un 19% y la inflación fue del 14%”.
Si bien dijo no querer recordar el
pasado hizo un repaso de los cuatro años de la gestión anterior;
advirtió que “la inflación llegó al 53,8%, y la deuda pública representaba el
90% del PBI”; señaló que
“la escalada de sobreendeudamiento
en esos cuatro años es parte de los problemas que hoy aquejan a los
argentinos”.
También que entre 2015 y 2019 “la
desocupación alcanzó el 9,8%” y “se perdieron 230.000 puestos de trabajo
privados”, así como también “25.000 pymes cerraron, y la pobreza -que había
sido parte de una promesa de campaña- aumentó al 35% y alcanzó al 52% de los
jóvenes, niños y niñas”.
En otro orden, Cafiero puntualizó que
“el 60% de las obras públicas estaban paralizadas” y que “el aumento de las
tarifas de servicios públicos se padeció también en los comercios y en pymes”,
además de que “5.000.000 de argentinos estaban endeudados con la ANSES”.
A la hora de dimensionar la acción del
gobierno en torno de la pandemia calificó “demuestra que el rol del Estado es imprescindible, que el Estado es el
que te cuida, que el mercado jamás, jamás, podría haber hecho nada de estas
políticas”,
El entrerriano Alfredo De Angelis fue uno de los más enérgicos a la hora de
preguntar: expresó que el anuncio de la intervención y expropiación de
Vicentin “puso en alerta a todos”, y cuestionó el argumento sobre la “soberanía
alimentaria” esgrimido por el Gobierno. “¿Qué soberanía alimentaria si nosotros
producimos diez veces más alimento de lo que precisamos?”, lanzó.
“Usted
quiere diálogo, no imposición de las mayorías. Nosotros queremos discutir en el
Congreso, pero debatir también con las minorías y últimamente lo que nos han
aplicado es la imposición de las mayorías. Usted dice que sesionamos poco con
Mauricio Macri, pero salieron las mejores leyes porque fueron las más debatidas
de todas”, le enrostró.
Se refirió a la intervención de los
granos, con el secretario (de Comercio, Guillermo) Moreno que “empezó con el
trigo” y “terminamos importando harina del Uruguay, la vergüenza más grande de
la Argentina. También intervinieron el mercado del maíz, y se cayó la
producción al 60%”, continuó mencionando el conflicto en 2008.
Ya en diciembre, tras asumir Alberto
Fernández, “nos pusieron retenciones. El sector agropecuario, no muy a gusto,
pero aceptó”. Y cuestionó que “en plena siembra de trigo, en mayo, el Banco
Central saca una resolución que no va a permitir más dólares para la
importación. El sector necesita productos importados”. Finalizó preguntado al
jefe de Gabinete: La pregunta concreta, señor ministro:
¿qué quieren hacer? ¿Van a expropiar? ¿Van a seguir rescatando empresas chicas?
¿Con qué dinero lo van a hacer? Y segundo: ¿van a expropiar?
Seguidamente la senadora Pamela Verasay expuso: “adhiriendo a
las palabras del senador Julio Cobos, no puedo dejar de mencionar la
necesidad de que la Nación dé certeza sobre la evolución de nuestra obra
Portezuelo del Viento. Una obra que no es una idea trasnochada, ya que tiene
muchos años de historia y de debate, que ha sido saldado en su mesa del COIRCO;
tiene un laudo para cerrar cualquier tipo de reclamo judicial y, sin extenderme
un poco más, quisiera reconocer o reconocerle a nuestra provincia que, con sus
recursos, ha puesto a disposición una obra para todos los argentinos”.
Posteriormente Santiago Cafiero
comenzó a responder. A la formulación del senador De Angeli expresó: “Quédese tranquilo, senador –y senadora
también (en alusión a lo formulado por Verasay– no está en nuestra política
pública avanzar con expropiaciones.
“Lo que hemos hecho acá es,
simplemente, rescatar una empresa que estaba quebrada, rescatar una empresa que
había dejado a miles de familias de productores sin pagarles.
“Es una empresa que no estaba
operando, una empresa que no estaba trabajando y que no tenía perspectivas de
trabajar. Para dar tranquilidad cuando habla del tema de las importaciones y
que el Banco Central va a impedir a los productores agropecuarios que hagan
importaciones, yo lo que le cuento es que nosotros, ahí, lo que estamos
pidiendo es que aquellos que hayan tenido acceso al mercado de cambios,
aquellos que hayan hecho compra de dólares, utilicen esos dólares para pagar
las importaciones; y no otra cosa. Eso es lo que se está planteando en la
normativa del Banco Central”
Sobre Portezuelo del Viento; es un
proyecto relevante, pero es un proyecto que debe avanzar a paso firme y
cumpliendo con toda la normativa. Acá el estudio de impacto ambiental regional
todavía está a consideración del gobierno y de la autoridad de cuenca; la
autoridad de cuenca debe reunirse, tiene fecha de reunión el 26 de junio y va a
avanzar en esta línea. Acá no hay una política de privilegiar ni de castigar a
nadie; acá hay una política de la búsqueda del consenso y de la búsqueda de los
acuerdos necesarios para que este tipo de obras –que involucran a cinco
provincias– sean realizadas de la forma adecuada y la forma adecuada es el
trabajo dentro de la autoridad de cuenca. Por eso nosotros –sin anticipar nada–
vemos que son relevantes las tareas que estamos haciendo y que estamos llevando
adelante”.
A continuación, los legisladores del
oficialismo expresaron, entre otros conceptos, lo siguiente:
Mariano
Recalde:
Los números de empresas que existían y empleadores registrados en el año 2015,
y los compara con los que quedaron el 10 de diciembre de 2019, se encuentra con
la suma de 24.537 empleadores menos; empresas que dejaron de dar trabajo;
empresas que quebraron; empresas que no pudieron sostenerse; esto, en el
resultado comparativo entre las empresas que había en 2015 y las que quedaron
en 2019. Entre esas empresas, también quedaron en el camino varias líneas áreas
comerciales que habían intentado operar en el país: cerró Sol; cerró Avianca;
estaba a punto de cerrar Andes, una empresa nacional; cerró Norwegian. Hoy
vemos el resultado de esas políticas con el cierre, tan comentado, de una
empresa muy importante que cubría doce destinos en el interior del país, que es
la empresa LATAM. Recién escuchaba a otra senadora decir que Aerolíneas
Argentinas pidió el cierre de El Palomar. Le quiero decir que El Palomar está
cerrado; no hay vuelos. ¡No hay vuelos! Y la nota que se presentó en el
ORSNA para solicitar el cierre, porque
era un costo tenerlo abierto mientras no había operaciones, fue de una empresa
privada, Aeropuertos Argentina 2000, que es quien concesiona y administra el
aeropuerto, y de quien también decían que queríamos expropiar o estatizar años
anteriores. No fue Aerolíneas Argentinas.
María
de los Angeles Sacnum: ¡Nos dejaron
en emergencia alimentaria y vienen a hablar de la revolución de los aviones!
¡Por favor, que la gente podía viajar en avión en la República Argentina a un
módico costo! ¡La gente no tenía para comer! Si este gobierno –el actual
gobierno– no hubiera tomado las medidas que tomó frente a la emergencia y las
medidas que tomó frente a la pandemia, hoy estaríamos en una situación mucho
más difícil que la que recibimos. Porque es imposible recuperar al país con
gente que cree que aplaudiendo a los que evaden, a los que sustraen recursos de
la República Argentina, a través de métodos non sanctas, vamos a poder
resolver los problemas.
Carlos
Caserio:
También quiero que el jefe Gabinete sepa que la misma oposición que hoy le está
demandando todas estas cuestiones, es la que la semana pasada se levantó y no
quiso votar los DNU. No participó de la votación, no acompañó; pero hoy es
exigente con los resultados de algo en lo que, realmente, no quisieron
comprometerse
Adolfo
Rodríguez Saá: Tenemos que solucionar el problema de los más humildes,
de los pobres, de los que están desamparados; tenemos que solucionar los
problemas de las pequeñas y medianas empresas; y, también, tenemos que
rescatar, para defender a los trabajadores, a las cooperativas y a los
productores, a las grandes empresas que han hecho las cosas mal. No tenemos que
salir al rescate porque hicieron las cosas bien. Tenemos que salir al rescate
porque hicieron las cosas mal.
Oscar
Parrilli:
La pregunta, referida a este aspecto, al jefe de Gabinete es si nos pueden
adelantar, una vez terminada la intervención en la Agencia Federal de
Inteligencia, que creo que termina por estos días, cuáles son los lineamientos,
en general, que tiene el gobierno pensado llevar adelante para poner a los
servicios de inteligencia, verdaderamente, en dirección hacia un servicio de
inteligencia que resguarde los intereses del Estado, del pueblo argentino y que
tenga pautas democráticas.
Anabel
Fernández Sagasti: trazó una síntesis de la labor de la oposición y su
desarrollo durante el gobierno de Mauricio Macri. “La verdad es que la amnesia
selectiva que tiene la oposición es cada vez más alarmante.
Hablar, en este recinto, o alarmarse
en virtud de una supuesta defensa de la República por supuestos superpoderes
que tiene el jefe de Gabinete de la Nación en medio de una pandemia –no sé si
se han anoticiado los miembros de la oposición, pero estamos en medio de una
pandemia– cuando permitieron que Macri hiciera lo que se dio la gana con sus decretos,
no solo atropellando el republicanismo, que tanto dicen defender, queriendo
instaurar dos jueces de la Corte por decreto… Pero también me puse a buscar,
para no insistir con el tema de los jueces, del traslado de las escuchas y todo
lo que sabemos que permitieron los senadores de la oposición que se haga en la
Argentina durante cuatro años, y encontré un decreto”.
Sobre el caso Vicentín expresó: No
vamos a quedarnos en silencio mientras escuchamos que ustedes gritan sin ningún
tipo de contenido. Eso no va a volver a ocurrir en la Argentina. Nosotros
tenemos que debatir sobre cómo vamos a resolver los problemas de los
argentinos.
Y repito: es una medida audaz,
creativa, pragmática, científica y profesional. Y la verdad es que estamos
abiertos a cualquier tipo de alternativa, pero siempre teniendo como objetivo
rescatar a una empresa insignia nacional que tiene un valor simbólico no
solamente para las provincias que están involucradas, sino también para todos
los argentinos. ¿Saben por qué? Porque con el Banco Nación nos estafaron a
todos, y eso no puede volver a ocurrir en la República Argentina…
Luego de los discursos de cierre se
dispuso que no habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose dado cumplimiento
a lo prescripto por el artículo 101 de la Constitución Nacional y 215 del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, queda levantada esta sesión
informativa especial. Muchas gracias y buenas noches.
–Son las 20:14.
Se tensa la
interna;
el caso Vicentin ayuda.
Como lo
adelantáramos a nuestros suscriptores, el clima interno en la Cámara de
Senadores va en sintonía con lo que va ocurriendo en Diputados.
El titular
del interbloque, Mario Negri, UCR, Cristian Ritondo, Pro, Maximiliano Ferraro, Coalición
Cívica y Álvaro González (Pro), le comunicaron a Sergio Massa que
aguardan hasta la semana próxima para conversar sobre la renovación del
Protocolo de Funcionamiento Remoto, que perdió
vigencia el viernes de la semana anterior.
Las
últimas declaraciones de José Mayans, titular del cuerpo oficialista no
hicieron más que ratificar sus formatos de acción ratificados en varias sesiones
en el sentido que… nos vamos a manejar con las mayorías y minorías.
En un reportaje durante el fin de semana en La
Nación, no dudó en afirmar que el proyecto sobre el caso de “la expropiación
(de la empresa cerealera Vicentín) lo vamos a tratar enseguida”.
La respuesta desde la oposición fue inmediata. Se
amparan en el protocolo de sesiones virtuales que aprobó la Cámara alta por
unanimidad el pasado 13 de mayo en el sentido de poner en debate de manera
remota aquellos temas vinculados con el coronavirus.
La posición de Juntos por el Cambio y de otras
adhesiones hizo posible que se bloqueara una votación que requería los 2/3 y en
la siguiente casi 30 legisladores abandonaron la sesión.
"No se pueden tratar temas que no tengan que
ver con la lucha contra el Covid-19", afirmó el jefe de la bancada
macrista de la Cámara alta, Humberto Schiavoni (Pro-Misiones).
El senador misionero advirtió sobre la legitimidad
del tratamiento del proyecto de expropiación a contramano del reglamento
especial. "Si se lo trata fuera del temario relacionado con la pandemia,
puede haber problemas sobre la legalidad de la sanción", alertó.
"La próxima semana estaríamos por cumplir los
dos meses, así que sería el momento de hacer el replanteo", anticipó
Mayans. Sobre el plazo su par en la vereda opositora, el senador Luis Naidenoff,
afirmó que
el protocolo recién vence en julio.
El contrapunto sobre la renovación o no del convenio
tecnológico sumó a la Cámara de Diputados donde el interbloque opositor
trasmitió al presidente de la Cámara que, bajo el formato de sesiones virtuales,
no habilitarán el debate de “temas conflictivos”, tales como la
expropiación de Vicentín o el impuesto a las grandes fortunas.
Los de Juntos por el Cambio enarbolan la intención de
prorrogar el protocolo por un nuevo mes, pero con la condición que “solo
lleguen al recinto los temas acordados por todos los bloques”, algo respetado
hasta ahora, a diferencia del Senado donde el oficialismo desoyó el acuerdo
firmado e impuso su mayoría para trazar la agenda de las sesiones. En lo
pragmático el Protocolo se renueva con el voto de 2/3 de los bloques y eso no
se podría reunir si la oposición no asiste.
En verdad ninguno de los proyectos polémicos llegó
aún a la Mesa de Entradas de Diputados y en ese estado esperan que el martes
próximo puedan acordar en Labor Parlamentaria, tener claro el panorama político
que podría desarrollarse en la Cámara baja durante el próximo mes.
Hasta el cierre de este despacho, los temas
consensuados son la ley de Economía del Conocimiento, la recién ingresada regulación
del Teletrabajo y la nacionalización del sistema SUBE (Sistema Único de Boleto
Electrónico).
Los oficialistas, un tanto aliviados sostienen que
“si hay agenda, hay protocolo prorrogado”.
Sergio
Massa espera impaciente el momento de sentarse y
despuntar la agenda parlamentaria que otorgue tranquilidad a ese sector del
Parlamento.
Régimen de Teletrabajo y
la opinión del frente sindical.
Buscan encontrar
un camino de
consenso
El
ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, durante el gobierno de los Kirchner en
reiteradas oportunidades anunció que enviaría al Congreso un proyecto con
intención de regular el trabajo a distancia. Meses después, insistió con la
apuesta legislativa pero el proyecto nunca se llegó. Hasta hoy se desconocen las
causas del desistimiento.
En
la actualidad, ya son más de una veintena los proyectos de ley que, en ambas
Cámaras, aguardan se ponga en marcha el tránsito legislativo que llega con
frecuencia desde filas del oficialismo y la oposición.
El
parte informativo de la comisión de Legislación de Trabajo anunció la
realización de la reunión informativa que incluyó a entidades sindicales CGT;
CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma (CTA A); Asociación Gremial de
Computación ; Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE);
Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos, Gestión de
Procesos y Teletrabajo (ATACC); Centro Profesionales de Empresas de
Telecomunicaciones (CePETel); Federación
Obreros y Empleados de Telecomunicaciones de la Argentina (FOETRA); Sindicato
Argentino de Televisión (SATSAID); Sindicato Obreros, Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industria de Telecomunicaciones de La Plata (SOEESIT); UNIÓN
INFORMÁTICA y Unión Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones
(UPJET).
Arrancó
allí el debate por la regulación del teletrabajo.
La
comisión presidida por Vanesa Siley,
FdT, avanzó para aprobar una iniciativa consensuada entre todos los bloques; en
la reunión informativa el sector gremial planteó su postura.
El
diputado Walter Correa, (recientemente
afectado por el Covid-19), secretario general de la Federación del Cuero
(FATICA) y del Sindicato de Obreros Curtidores, explicó los aspectos principales
del proyecto y remarcó que “esto es un
piso que aplica a los convenios colectivos.
Se
busca delimitar la jornada laboral; garantizar el derecho a la desconexión
digital; contemplar las tareas de cuidado de menores o adultos mayores; y
establecer que los elementos de trabajo sean provistos por la patronal -caso
contrario, habría una compensación económica para el trabajador.
Los
popes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, secretarios generales,
reconocieron que “esperaban otro
momento, post pandemia” para discutir sobre la regulación del teletrabajo
pero se mostraron de acuerdo con
el proyecto unificado que se empezó a tratar, observó Daer.
Propusieron
que no haya un plazo determinado para que los convenios colectivos puedan
adaptarse a la ley; y consideraron que la compensación de gastos por parte del
empleador debe ser deducida del impuesto a las Ganancias
El
diputado nacional Hugo Yasky, FdT,
pidió que la ley “establezca el
resguardo para que el teletrabajo no se convierta en una práctica abusiva”. En
declaraciones radiales sostuvo que “muchos empresarios sueñan con que el
teletrabajo les va a permitir una relación de empresa a individuo sin que medie
ningún tipo de acción sindical, de convenio colectivo. Es como el sueño del
pibe”, remarcó, y advirtió que hay que legislar” para “reconocer la
presencia y los derechos sindicales” de las personas.
Desde
otros sectores se opinó en cuanto al derecho a la desconexión laboral, que el
trabajador se ponga a entera disposición del empleador –lo que se definió como
“guardia pasiva”-, aunque se aclaró que en ese caso debe haber una compensación
económica, como si se tratara de horas extra.
Carlos
Minucci, de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía) opinó
que el teletrabajo “debe estar acordado con el gremio; no lo pueden arreglar entre
la empresa y el trabajador”.
Los
proyectos en la Cámara baja, del que son autores Walter Correa, Claudia
Ormachea, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Blanca Osuna, Eduardo
Fernández, Silvana Ginocchio, Darío Martinez, Ayelén Sposito y Graciela
Caselles por el sector oficialista y las iniciativas de la oposición, de Maximiliano Ferraro, Coalición Cívica; Natalia
Villa, Pro; Álvaro De Lamadrid,
UCR; María Piccolomini,Pro; Luis Petri, UCR y Dolores Martínez, UCR formarán
el núcleo que contribuirá al desarrollo del proyecto regulador de la actividad.
Al
día siguiente, la gestión mantuvo la energía inicial y se encontraron -vía
teleconferencia- con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni que a modo de
saludo les dijo a los parlamentarios “el
teletrabajo no es un estatuto independiente, sino un modo de prestación del
contrato de trabajo”.
Uno de los temores es la figura del trabajador individual
alejado de su grupo de trabajo”, advirtió, aunque destacó que “en los proyectos
eso está abordado”.
El
ministro explicó que “el teletrabajo no es un estatuto independiente, sino un
modo de prestación del contrato de trabajo”. “No estamos creando una
categoría distinta de trabajadores”, aclaró en ese sentido.
El
ministro exaltó el “altísimo nivel de coincidencias en cuanto a los puntos a
regular” en las más de 15 iniciativas con estado parlamentario.
Al
respecto, mencionó el principio de igualdad; el carácter voluntario del
teletrabajo -es decir, “que no puede ser impuesto y requiere asentimiento del
trabajador”-; y el principio de indemnidad, para que los gastos no recaigan en
el trabajador. También destacó la importancia de la protección de datos
personales, así como la protección del domicilio, el derecho a desconexión
digital -“que en definitiva es el derecho al tiempo de descanso”, dijo-, y la
contemplación de las tareas de cuidado de menores o adultos mayores.
Concluyó
asegurando que “toda la
figura contractual debe terminar su habilitación como tal, en los convenios
colectivos”.
Oficial: movilidad jubilatoria
ahora
resulta
postergada por el DNU 542
El texto no deja lugar a especulación alguna. El nuevo DNU publicado en
el Boletín Oficial es terminante: “Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2020
la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley Nº 24.241, establecida
en el artículo 55 de la Ley Nº 27.541. Durante este período el Poder Ejecutivo
Nacional determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente
al régimen general de la Ley 24.241 con el fin de preservar el poder adquisitivo
de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las
beneficiarias de menores ingresos”, expresa el artículo 1° del DNU publicado ayer
jueves.
El DNU 542/20 prorroga entonces la suspensión de la Ley de Movilidad
Jubilatoria, con lo cual los aumentos previsionales los determinará el Poder
Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2020, con el fin de “preservar el
poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los
beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos”.
También se prorroga hasta esa misma fecha la comisión bicameral
encargada de elaborar una nueva fórmula.
La aparición de la prórroga tendría asidero en la demora en tratar el proyecto
enviado el 4 de junio a la Cámara de Diputados. Ante la imposibilidad de
sancionarlo antes del 30 de junio -fecha en que vencía el plazo de la
bicameral- apelaron al recurso del DNU.
Ante el retraso de la comisión y las condiciones surgidas por la
pandemia, desde la bicameral se recomendó al Ejecutivo a ampliar el plazo hasta
fin de año y seguir fijando la movilidad jubilatoria por decreto. Se recuerda
que fue el mismo ministro Claudio Moroni quien se refirió al tema.
Sectores de la oposición sostuvieron que con el DNU 542/20 “le siguen metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados.
Que construyan el ‘relato’ o lo vendan como quieran, pero llamemos las cosas
por su nombre: esto es un nuevo escandaloso ajuste y robo a nuestros adultos
mayores. Al sector más vulnerable al virus es al que le están recortando el
sustento, es directamente cruel y abandónico”, agregó y concluyó exigiendo que
se aplique “la fórmula de movilidad jubilatoria votada por el congreso de la
nación en 2017. Pasaron meses y solo convocaron una sola vez a la comisión que
debía analizar una nueva fórmula” planteó el presidente del bloque Coalición
Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro.
En tanto, el diputado radical Luis Petri consideró que con el decreto 542 se
oficializa “un despojo por 180 días más a los jubilados argentinos, a los que
en la campaña les decían que les iban a aumentar con las Leliqs. Ahora les
congelan por todo un año su haber en nombre de la progresía”.
Para el cierre algo que no es estrictamente
vinculado con la movilidad de las jubilaciones pero si responde al ámbito
legislativo.
Se conoció que el Procurador del Tesoro accedió a
pagar los 4 años de jubilación que se le deben al expresidente de la Cámara de
Senadores, Amado Boudou.
El citado cumple prisión domiciliaria por varios
casos judiciales.
Actividad en las
comisiones
Se realizarán por
videoconferencia
En la Cámara de Diputados
Ministra de Desarrollo Territorial. En la comisión de
Vivienda y Ordenamiento Urbano: Reunión
informativa con la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia
Bielsa
|
Teletrabajo: En
la comisión de Legislación del Trabajo: Régimen
de teletrabajo o trabajo a distancia por medio de distintos tipos de
tecnología de información y comunicación.
|
|
Mujeres
y Diversidad: Reunión informativa con
el objeto de abordar la temática “Acceso laboral de las personas
trans/travestis”.
Ministra
de Seguridad. En la comisión de
Libertad de Expresión: reunión informativa con la ministra de Seguridad de la
Nación, Dra. Sabina Frederic, a efectos de informar sobre los alcances de la
Resolución 144/2020
|
Desde el Poder Legislativo
piden al
Ejecutivo
Ø SALVADOR, SEBASTIAN
NICOLAS y otros:
PEDIDO DE INFORMES VERBALES A LA SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA NACION, DRA. SABINA FREDERIC, ANTE
LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS DE LA H. CAMARA, SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS REITERADOS HECHOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y
VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Ø
UCEDA, MARISA
LOURDES: EXPRESAR PREOCUPACION POR LA FALTA DE UNA SANCION ADECUADA A LAS GRANDES CORPORACIONES QUE
NO Cumplen CON SUS DEUDAS AL VENCIMIENTO, PERJUDICANDO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS QUE UTILIZAN EL REGIMEN DE FACTURACION ELECTRONICA MIPYME
Ø
REY, MARIA LUJAN y otros: BENEFICIOS OTORGADOS A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
EN EL MARCO DE LA RESOLUCION Nº 122/2020 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE
LA NACION, Y EN RELACION A EVENTUALES BENEFICIOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE POR
OTRAS MODALIDADES.
Ø
CANO, JOSE MANUEL: SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA QUE NO
SE APLIQUE EL COBRO DE GASTOS POR CARGOS ADMINISTRATIVOS A LOS USUARIOS DE TARJETAS DE CREDITO, EN
FORMA TRANSITORIA
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