EDICIÓN 1125

Consejo de la Magistratura en Senadores

 

  Con el reloj midiendo el tiempo que resta y el apoyo de aliados, el FdT logró la sanción       

 Como adelantamos en nuestra edición pasada, la Cámara de Senadores dispuso la realización de una sesión pública especial, la número 2, para debatir sobre el proyecto que modifica la composición del Consejo de la Magistratura.     

No debe haber antecedentes sobre la expectativa puesta sobre la sanción de una norma legislativa a pocos días de la fecha establecida por el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la reforma de 2006 de no existir nueva ley antes del 15 de abril próximo.

 Apretado por los tiempos y también por la falta del número requerido para la votación, el oficialismo optó por hacer suyo el proyecto presentado por el senador rionegrino Alberto Weretilneck que apunta a un Consejo de la Magistratura un tanto más federal.

Para ello propone para la elección y remoción de jueces, se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.

En tanto, el “Consejo grande” estaría compuesto por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Mientras que los consejeros regionales serían 64 o 48 si los del AMBA se eligen desde el propio “Consejo grande”.

En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.

Así las cosas, a las 14 del jueves se dio por abierta la sesión a efectos de tratar la designación de Sala Malvinas Argentinas” al salón de recepción del Edificio Anexo Alfredo Palacios, del Senado de la Nación y la Orden del Día 2 que se consigna seguidamente: 

 

•       Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, en distintos proyectos de ley de varias/os señoras/es senadoras/es, y en las consideraciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro, por los que se modifica la Ley del Consejo de la Magistratura, respecto de su composición. (P.E.-151/21; S.-1164, 2727, 2732, 2741/21; 150, 476/22, y P.-1/22).

 

 Iniciado el tempo de exposiciones abrió el espacio el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, FdT, Jujuy, quien sostuvo que la restitución de la ley anterior implica arrogarse (la Corte) funciones legislativas, algo incompatible con la función judicial”, y agregó que “la justicia no hizo justicia, pero sí hizo una ley”. 

Beatriz Ávila, Tucumán, JxC , rechazó el proyecto del oficialismo y calificó como “un intento del Poder Ejecutivo de tratar de someter al Poder Judicial”, y de “reducirlo a nada más que a un estatus de simple servicio público administrativo”. 

Silvia Giacoppo, UCR, Jujuy, destacó que “la propuesta de nuestro interbloque, de que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien presida el Consejo de la Magistratura, no solo es coherencia institucional y funcional, también es coherencia con la propia historia de la vida institucional del Consejo. Como destaca Bidart Campos, el Consejo exige independencia, y no la tendría si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el poder judicial a los poderes políticos. Debemos avanzar en esa independencia”, indicó. Remarcó que “Es fundamental trabajar sobre el equilibrio de poder pensando en el funcionamiento del Estado y basado en un sistema de frenos y contrapesos, principio rector de la división de poderes. Y ese equilibrio no solo se refiere al funcionamiento de los poderes sino a su integración”.

La chaqueña María Inés Pilatti Vergara, FdT, expresó: “Estamos en la coyuntura de tener que votar un mal menor para evitar un mal mayor”, sostuvo y se sinceró: “No me convence el proyecto de ley, pero no me convence porque surge de un fallo de un órgano que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de los actos de otros poderes. Emitió un fallo anticonstitucional porque fue dictado a consecuencia de una demanda presentada por el Colegio de Abogados, que no representa a todos los abogados del país, que pedía tener más abogado dentro del Consejo”.

Carolina Losada, UCR, Santa Fe, expresó: “Tiene que ser un Consejo equilibrado, en unos días los poderes quedarían nulos y sería un papelón a nivel nacional e internacional”.

Reiteró que “el 30% de los juzgados están vacantes y a nadie le importa porque este gobierno está totalmente desvinculado de la realdad y niega a los ciudadanos el acceso a la justica”.

Pablo Yedlin, FdT, Tucumán, recordó que “el Consejo tiene la obligación de ser un órgano equilibrado y poner al presidente de la Corte a que presida el Consejo sería un total desequilibrio.

Si la Corte dijo que es inconstitucional es así. Por lo tanto, los proyectos presentados ambos, tanto de oposición y oficialismo, establecen que la suma de diputados, senadores y del Ejecutivo no logran quórum propio y en ese sentido los proyectos son virtuosos. El fallo inconstitucional no menciona la presidencia porque no está en el espíritu de nuestra constitución”.

La mendocina Mariana Juri, JxC, cuestionó: “El proyecto lejos de traer soluciones, sigue sumando más conflictos en un país que necesita el camino contrario. La Corte nos está dando esta gran oportunidad de encontrar una ley mejor”.

El rionegrino Martín Doñate, FdT, destacó que el “fallo ranquea entre los más delirantes en los últimos años por sus fundamentos, por la antigüedad, porque se arroga facultades vedados por la Constitución como es legislar, ya que nos vienen a imponer tiempos, sino reavivan una ley que ya no existe, que está muerta”, cuestionó el senador oficialista. “La Corte viene a decirnos que está decidida a recuperar la presidencia del Consejo, a manejar la caja y los recursos del sistema de justicia, dispuesta a profundizar los niveles de extorción y disciplinamiento político del país”.

Luis Juez, UCR, Córdoba lamentó “que la política desperdicie una nueva oportunidad”, y señaló que “necesitamos “una Justicia independiente, no del color del partido que gobierna. Este es un país con instituciones muy berretas, la Justicia debe ser la peor”, y agregó:  ”El Consejo no cumplió nunca, nunca con el objetivo que el constituyente planteaba”.

Alejandra Vigo, Hacemos por Córdoba, declaró que la nueva norma para este Consejo debe ser pensada con el objetivo de una mejorar en la calidad, eficacia y eficiencia de la justicia”. Además, remarcó el problema puntual es “el desequilibrio en la composición que se está planteando en el Consejo”.

El rionegrino Alberto Weretilneck, convertido en estrella de la sesión por haber corregido parte del proyecto oficial y con ello aumentar el caudal de votos del oficialismo, sostuvo: “La justicia no va a ser más independiente porque esté algún miembro de la Corte en el Consejo”, apuntó y comparó: “Si miramos los dos dictámenes hay una sola diferencia si la Corte ingresa al Consejo o no, es la realidad. “Creo que las posiciones de los partidos políticos con respecto la Corte tienen que ver con situaciones coyunturales”, señaló el senador de Juntos Somos Rio Negro.

 Ya en el final, el jefe de la UCR, Luis Naidenoff, consideró que “esta discusión es parte del fracaso de la política”.

Para el formoseño, “el error no estuvo en la Ley 24.937” votada en 1997, que “estableció un equilibrio de los estamentos. Del ’97 al 2006 no ha existido error político grosero”, argumentó y remarcó que “el quiebre está en la reforma del 2006”.

Recordó que tuvo como miembro informante a Cristina Kirchner, quien cerró el debate.  Se trató de “una mirada ideológica que tiene el kirchnerismo de lo que significa la política y su incidencia en el Poder Judicial”.

Recordó entonces que la vicepresidenta, en ese momento senadora, planteaba que “la política tenía que recuperar el centro de la escena que había cedido a los estamentos corporativos”.
“El problema es que se está discutiendo una concepción del poder”, enfatizó el radical y cuestionó: “Ustedes piensan que la política tiene que tener el poder de todo”. “Es un gran error creer que el debate pasó por la Corte. No, no.

“Es de raíz, es medular, es de fondo. Es concepción política, es de poder. Y nosotros tenemos otra mirada”, finalizó.

Anabel Fernández Sagasti, Vicejefa del bloque FdT, estar “anonada” porque “en el ámbito nacional algunos dirigentes buscan consensos, acuerdos, sensatez, independencia del Poder Judicial” pero que “en sus provincias hacen totalmente lo contrario”, expresó para cuestionar así al exgobernador de su provincia.

Parafraseando a Cristina Kirchner, la mendocina sostuvo que, a partir del fallo de la Corte, el 15 de abril “la composición actual del Consejo de la Magistratura se convierte en calabaza”, por eso no había “otra opción” que estar hoy tratando el tema.

La oficialista habló de “un conflicto entre dos poderes del Estado, entre el Poder Judicial y el Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo”, porque lo que hizo la Corte es “arrogarse facultades legislativas, cosa que no existió en los discursos de nadie de la oposición. Son muy mandados a hacer para defender la independencia del Poder Judicial”, disparó hacia Juntos por el Cambio, para reprochar que “el poder que ustedes integran no existió hoy en nadie de la oposición”.

Fernández Sagasti consideró que “son muy poco creíbles los argumentos de la Corte Suprema” en el fallo, y afirmó que “en realidad lo que les molesta es la división de poderes, y lo que quieren es seguir empoderando a la familia judicial”.

Finalizado el tramo del debate se llamó a votación.  Resultaron 37 votos afirmativos, 33 negativos y ninguna abstención.

Pasó en revisión a la Cámara de Diputados

 

Los dólares “fugados” tendrían una ley    

En el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, del riojano Ricardo Guerra, ambas de la Cámara de Senadores, se inició el debate de proyectos del oficialismo que prevén la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, al tiempo que también sería pedida una iniciativa para reformar la Ley de Entidades Financieras.

Ambos proyectos son de autoría del kirchnerista Oscar Parrilli. El primero crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional.  

Se afirma en su exposición de motivos que el aporte no representaría “una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares”, fundamenta.

En el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%. Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago corren el riesgo de tener una pena de prisión.

También alcanza a quienes hayan hecho cambio de residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.

El otro proyecto, prevé la modificación de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

La propuesta busca detectar cuentas argentinas radicadas en el extranjero no declaradas al fisco.  En ese caso, los fiscales a cargo de la causa por evasión no tendrán que esperar autorización de un juez para acceder a la información sobre cuentas no declaradas.

La propuesta legislativa oficialista es apoyada por los sindicatos que suscribieron la semana pasada el documento “Paz, Pan y Trabajo, que la deuda no la paguen los de abajo”.

Durante el transcurso del plenario los invitados expresaron sus respectivos puntos de vista al respecto, sin ásperos contrastes   

El plenario continuará la semana próxima, ocasión en que se solicitó la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán; el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce; la administradora Federal Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont y al constitucionalista Daniel Sabsay. 

 

 

Mensaje de Esteban Bullrich a la clase política       

 

En una reciente reunión realizada en el Congreso Nacional se escuchó un mensaje enviado por el ex senador Esteban Bullrich.

Es todo un documento para recordar y aplicarlo a este momento que nos toca vivir. 

“Permítanme aprovechar la oportunidad para que, como aquel cura de pueblo que repetía siempre el mismo sermón y cuando le preguntaron el por qué, respondió: ‘Porque ustedes no cambian. Y si ustedes no cambian, el sermón no cambia’”.

“Recibí infinidad de mensajes de apoyo de políticos del oficialismo y de la oposición en respuesta a la convocatoria que realicé en mi discurso de renuncia.

“Sin embargo, nada cambió. En todo caso, empeoró”.

“No podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo.

La Argentina que soñamos es nuestra decisión y estamos obligados a sentarnos a dialogar, 

a menos que queramos seguir festejando que sólo 4 de cada 10 argentinos es pobre… No lo creo, entonces a trabajar”.

“El Gobierno debe convocar a un diálogo amplio para encontrar los consensos necesarios sobre los cuales basar un proceso de crecimiento con inclusión”.

“No puede convocar más a compartir decisiones ya tomadas.

Eso ya lo probamos y acá estamos”.

“Será responsabilidad de la oposición responder a ese llamado amplio y abierto con la misma apertura y amplitud, pero el primer paso en esa nueva dirección, para dejar atrás décadas de estancamiento, es responsabilidad del Presidente.

Ruego a Dios que le dé la humildad para reconocer que solo no puede;

la templanza para soportar los ataques de los amantes y beneficiarios del status quo,

y la sabiduría para dar con firmeza ese primer paso”.

 

Economía del Conocimiento recibió aprobación por Diputados bonaerenses      

 

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto unificado de oficialismo y oposición que adhiere al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. La iniciativa fomenta beneficios impositivos para la industria bonaerense.

El proyecto fue una propuesta de legisladores de Juntos con mandato cumplido y retomado en el presenta período por Anastasia Peralta Ramos y Viviana Dirolli, con el aporte de la diputada Débora Indarte.

La adhesión de la Provincia al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, apunta a impulsar a empresas bonaerenses de software, biotecnología, videojuegos, ingeniería e industria satelital, entre otros sectores. La iniciativa, otorga a empresas que brindan servicios basados en el conocimiento, beneficios fiscales traducidos en rebajas de hasta el 70% en las contribuciones patronales, exenciones de los derechos de exportación de servicios o reducciones del Impuesto a las Ganancias, segmentadas según las proporciones de cada empresa.

Cabe señalar que, el proyecto aprobado fue pedido por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, Viviana Dirolli sostuvo en el inicio de la sesión que estamos dando el primer paso de un camino que puede ser un programa de acción para el desarrollo económico y cultural de la provincia porque se trata de un campo en el que la provincia de Buenos Aires está retrasada respecto de otros distritos provinciales”, sostuvo la diputada de Juntos. Aseguró que “la provincia está dando un primer paso en un programa de impulso y desarrollo para el sector productivo” aunque recalcó que “esto por sí solo no alcanza porque también requiere que sea acompañado de políticas integrales”.

En este contexto, resaltó que “las jurisdicciones que han crecido han implicado una serie de medidas, desarrollo de parques tecnológicos, líneas de crédito y capacitación para incorporar trabajadores al sector, es decir que han establecido consensos políticos para implementar acciones públicas en uno de los motores del desarrollo: la educación y formación laboral. Se busca dar una respuesta a empresas y emprendimientos que apoyan el desarrollo y la innovación; que los jóvenes puedan quedarse en su lugar de origen y no se vean obligados a emigrar para tener un futuro mejor”, opinó la legisladora.

La sanción pasa ahora en revisión a la Cámara de Senadores.