EDICION 1130
Senado con un variado menú de sanciones
El oficialismo se alzó con una sanción muy deseada
y envió a Diputados la creación de un Fondo para pagar al Fondo Monetario
Una jornada plena de intensiones encontradas fue la de ayer.
En el Congreso,
sesión en la Cámara de Senadores para tratar proyectos de ley que, como se acostumbra,
no guardan relación con las necesidades inmediatas de los habitantes.
Afuera, una
marcha convocada dirigentes piqueteros ponía la ciudad patas para arriba y los
convocados hacían campo en Plaza de Mayo, frente a una Casa de Gobierno, donde
su figura principal transita diversos centros internacionales en reuniones con
dirigentes de España, Alemania y Francia en busca de apoyo a su gestión y
salpicada con declaraciones poco felices y ajenas a su declarado propósito de
buscar ayuda en países amigos ante la situación difícil que tiene la Argentina.
Mientras, el
INDEC anunciaba el nuevo indicador de inflación mensual: 6%; en la Cámara de Senadores
la agenda marcó el signo político del debate: dar sanción al proyecto que crea un fondo para pagarle al FMI con bienes no
declarados en el exterior. El proyecto fue presentado por los senadores
oficialistas Oscar Parrilli, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti.
Seguidamente, parte del temario indicó:
Orden
del día 3/22. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos
con el Reino de los Países Bajos- Orden
del Día 4/22. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre Transporte Aéreo
con la República portuguesa.
-
Orden
del Día 5/22. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Acuerdo creando la Fundación
Internacional UE-ALC.
-
Orden
del Día 6/22. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento de
Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur.
-
Orden
del Día 7/22[OV1] . Dictamen en el
proyecto de ley del señor senador Parrilli y otros, por el que se crea el Fondo
Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional
- Orden
del Día 29/22. Dictamen en la
consideración de distintos oficiales varios referidos a la designación de
Cónsules Honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros.
-
Orden
del Día 8/22. Dictamen en el proyecto de declaración
del señor senador Vischi, expresando reconocimiento y agradecimiento por la
ayuda enviada por la República Federativa de Brasil y el Estado Plurinacional
de Bolivia a la provincia de Corrientes por los incendios forestales
-
Siguen
Ordenes del Día similares.
Puntualmente, la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, abrió la sesión dado que la titular del Cuerpo se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por viaje del presidente.
Se otorgó preferencia para el tratamiento
de proyectos sobre Malvinas, sus veteranos de esa guerra, a los caídos en
combate, homenaje a Evita, imagen de la Virgen de Luján en Malvinas llevada a
Inglaterra y retornada a nuestro país y otros sin observaciones son votados
afirmativamente en conjunto a mano alzada.
Se votan a continuación varios proyectos
con preferencia entre ellos el de Boleta Única de papel, con despacho de
comisión. Se vota y quedan aprobadas.
Se reclama la constitución de las
comisiones bicamerales que están sin funcionar por falta de determinar sus
componentes, reclamo que es girado a los presidentes de ambas Cámaras.
Se votan luego la designación de cónsules
que resulta aprobada y es girado a Diputados. Se votan en conjunto las OD 3, 4,
5 y 6 (citadas más arriba) de acuerdos internacionales que son aprobadas y
comunicado a Diputados.
El proyecto establece que los alcanzados por esta norma deberán realizar
un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en
dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en
vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.
Introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo,
sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que
actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada
con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.
El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información
del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no
declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total
efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.
“Cuando
uno mira los últimos 12 meses es el mayor nivel de inflación anual desde hace
30 años”, resaltó el radical y chicaneó: “No parece un buen día para hablar de
políticas desacertadas porque
Más
adelante y ya en el cierre, Losteau agregó que la falta
de dólares es algo de “todos los gobiernos”, y remarcó que el proyecto no va a
lidiar con la fuga.
“A los que no pagaron sus impuestos, y
los tienen acá, curiosamente esta ley no dice nada. Esto no le cambia en nada a
la vida a los ciudadanos. Lo que están haciendo va en contra de todo lo que
firmaron con el Fondo en el acuerdo.
“Dejen de erosionar la figura tributaria
porque los que fugaron se siguen beneficiando igual y dejen de mentir con que
esto es para pagarle al FMI”.
Respecto de la figura la figura del
colaborador, sugirió que se debe debatir con más profundidad.
Desde el
oficialismo, Silvina García Larraburu, FdT ensayó una respuesta a
Lousteau y consideró apropiado aclarar que no era una analista de cuestiones
económicas.
Aseguró que “Tenemos que trabajar en algún momento de forma ferviente en saldar
la gran deuda interna que tenemos”, resaltó la rionegrina y volvió a ponderar
el proyecto: “Nos vuelve a dar la posibilidad de trabajar en la equidad
distributiva.
“Buscamos que la deuda la paguen los
principales beneficiarios del endeudamiento.
“Los que se llevaron los 44 mil millones
de dólares. Que la paguen los fugadores seriales que tenemos, fundamentalmente
en la Capital Federal”.
Maurice
Closs, FdT redondeó que
el proyecto oficialista “es un elemento que va a poder
aportar recursos para poder pagar la deuda con el Fondo”, señaló.
“Es una ley que está incompleta y le
falta un tratamiento para aquellos bienes exteriorizados que están en el
interior del país.
“Hay mucho que está fuera del sistema”.
Finalizado el
tramo de exposiciones se llamó a votación, resultando 37 votos afirmativos y 31
negativos.
Pasó en
revisión a la Cámara de Diputados
Alquileres logró
dictamen, pero separados.
Resta saber
cuándo será el tratamiento
Finalmente hubo dictamen de mayoría. Correspondió al bloque del FdT, que
pese al arco de críticas, reivindicó la norma actual, mientras que JxC busca
reducir la extensión de los contratos y cambiar la forma de actualización. El
restante despacho pertenece al interbloque Federal.
Se definirá en el recinto, pero todavía no está fijada la fecha.
Cumplido el plazo de 30 días hábiles que habían impuesto fuerzas
opositoras y que luego aceptó el FdT, se llegó a dictaminar sobre reformas a la
Ley de Alquileres.
Si bien el Frente de Todos y Juntos por el Cambio pretendieron arribar a
un dictamen conjunto, difirieron en dos puntos, plazos de los contratos y
fórmula de actualización.
El oficialismo propone mantener el plazo de 3 años en los
contratos, el índice para la actualización de los alquileres (fórmula que
combina IPC y RIPTE) y facilidades para las garantías de los inquilinos.
El dictamen del interbloque Federal coincide con el anterior en cuanto al
plazo de 2 años en los contratos; en tanto propone eliminar que el locador deba
aceptar cualquiera de las garantías presentadas por el locatario; que las
actualizaciones se negocien entre las partes. Los incrementos tendrán un tope
para que no superen la inflación; la posibilidad del inquilino de realizar
pagos anticipados y la ampliación de los contratos temporarios.
El rionegrino Agustín Domingo remarcó que “todos
estamos de acuerdo en que estamos debatiendo la problemática habitacional que
ataña al país. Nosotros desde el bloque presentamos un proyecto y queremos
dejar de manifiesto que el rol del Estado es muy importante, pero no es la
forma de abordarlo modificando la ley que generó inconvenientes en aquellos que
prevén soluciones habitaciones, contribuyen a las ofertas de alquileres.
Pablo Tonelli (Pro): el tema es un tema difícil y delicado
en todo el mundo, porque es difícil encontrar un adecuado y término medio que
contemple de forma adecuada y razonable los derechos de inquilinos y de los
locadores o propietarios”, y explicó: “En la medida en que se exagere proteger
los derechos de unos o de otros, en la medida en que se pierda ese equilibrio,
el resultado es malo porque empiezan a escasear las viviendas o se encarecen o
la oferta termina siendo alta y el rendimiento desaparece”.
“Proponemos volver a esa materia en lo que era el plazo mínimo de
dos años y la posibilidad de que las actualizaciones sean anuales y
semestrales, no con un índice fijo sino con cualquier índice que a las partes
les resulten adecuados respectos sus realidades”, explicó Tonelli y sostuvo que
el problema más grande que afecta el alquiler es el referido al “rendimiento
económico que tiene la inversión. El rendimiento se redujo muchísimo, a tal
punto que muchos decidieron no poner sus viviendas en alquiler”.
La legisladora de la Coalición Cívica Mariana Stilman remarcó
que “la ley nació con buenas intenciones”, pero “puso ciertos límites y
parámetros cuya receta fue malísima”. Reconoció que “se había dado una única
respuesta para un montón de situaciones disímiles, para diferentes pueblos, se
aniquiló la autonomía de la voluntad con una fórmula que no funcionó. Era
necesario obtener una respuesta”.
La oficialista Gisela Marzziota lamentó la ausencia de
autoridades del Estado. Cuestionó la Ley de Alquileres sancionada en 2020 por
“el mal que ha hecho al mercado inmobiliario y cómo a partir de la ley se
quitaron propiedades”.
En su favor destacó que “tiene artículos que son extraordinariamente muy
buenos para los inquilinos y quienes tienen necesidades de acceder a la
vivienda, pero que tampoco fueron reglamentados”, y reiteró sus disculpas
porque “es el Estado nacional que debe hacerse cargo de reglamentar la ley.
“Esa ley es muy buena, y no se cumple. Lo que no se cumple es todo lo
que ustedes quieren ahora que sea parte de lo que sería la nueva ley porque los
contratos son absolutamente ilegales, de dos años con suerte, con precios
dolarizados. Ese es el escenario”, apuntó Marzziota y sumó: “Propiedades hay,
el tema es el abuso que hace el mercado inmobiliario y el propietario respecto
a una necesidad”.
Alberto Asseff (Pro) apuntó contra el discurso de quien lo
precedió porque “es pura ideología. Lamentablemente con esa ideología logamos
que nuestro rico país se haya venido abajo que cada vez es más arcaico y la
queremos traer de nuevo como si fuese modernidad”.
“Tenemos un problema
de déficit de oferta en materia de viviendas urbanas. Eso ocurrió por la gran
incertidumbre de propietarios, baja de ingresos de quienes trabajan,
congelamiento es lo más nefasto que se puede decir porque va a generar más
crisis en el mercado. Hay que amparar a las dos partes, si hay
autonomía de voluntad ellos se van a entender”.
José Luis Gioja, San Juan, FdT, contradijo a su par porque
“cualquier proyecto que tiene que ver con la vivienda tiene que mejorar el
acceso y las condiciones de los inquilinos.
“Es mentira eso de la regla del mercado, que el que está arriba se va a
imponer al de abajo. Por eso el Estado tiene que estar presente para proteger
al que menos tiene.
“Solucionar los problemas de las viviendas es una de las mejoras
banderas de justicia social. Hay que solucionar problemas de vivienda, es grave
el problema”, resaltó el diputado del FdT y aclaró que “se están construyendo
viviendas en el país. El año pasado hemos crecido más del 10% en el PBI”, y
criticó: “Esta ley se sancionó cuando el oficialismo era Juntos por el Cambio
en el 2019 en esta Cámara y quien la defendió fue Lipovesky porque defendía a
los inquilinos que son a quienes tenemos que defender. Hay que defender a los
que menos tienen, hay que darles derechos.
“Esta ley fue injustamente castigada que, por distintos motivos, la
criticaron. Esta ley sirve, pero no se ha aplicado, reglamentémosla y va a
andar bien”.
Karina Banfi, UCR, Buenos Aires, recordó que “la Ley 27.551 de
2019 tuvo un objetivo bien intencionado, pero sin embargo al momento de su
implementación no alcanzó su objetivo, principalmente porque quedó fuera de la
realidad.
“Con la ley que sancionamos en 2019 vinimos a reparar algunos sistemas
de abuso, y por eso en el marco de las distintas audiencias informativas que
tuvimos pudimos llegar a un punto en común, que es que no hay que derogar la
ley, porque tiene cosas positivas.
“Entonces coincidimos en que lo mejor era trabajar sobre los artículos
que producen una sensibilidad particular y sobre los cuales hay una demanda
social que nos pide que lo resolvamos. Y eso venimos a resolver”.
Carolina Píparo, Avanza Libertad, sostuvo que la postura era derogar
la ley porque “el Estado se metió donde nadie lo llamó. Apoyaremos en el
recinto los artículos que son los más problemáticos para los inquilinos, que es
el plazo y el ajuste porque hizo que haya menos oferta, en provincia en peor la
oferta”.
Cámaras
legislativas del ámbito bonaerense hicieron la primera sesión doble del año
En la primera sesión doble del
año la adhesión al Consenso Fiscal. Pese a la abstención de Juntos en
ambas cámaras y el rechazo de los bloques de Avanza Libertad y el Frente de
Izquierda, el oficialismo cosechó los acuerdos necesarios para darle luz verde
al Consenso Fiscal que busca implementar una política tributaria
articulada entre todas las jurisdicciones participes.
Los cuestionamientos de todo el arco
opositor pasaron por el posible aumento impositivo que traería aparejado el
“acuerdo federal de armonización tributaria” que prevé el Consenso Fiscal.
Sin embargo, desde Juntos reconocieron que “es importante que la
Provincia acceda a fondos necesarios” en el actual contexto de crisis
económica.
Una de las primeras diputadas en llevar
el rechazo al recinto fue la diputada libertaria Constanza Moragues
Santos. “Estoy sentada en esta banca para defender las ideas de la libertad en
la provincia de Buenos Aires y la realidad de nuestro mal vivir no se resuelve
con mas Estado y más impuestos”, apuntó.
“De los 177 impuestos que pagamos en
total, 39 son provinciales, 41 nacionales y el resto lo completan impuestos
municipales, más otros dos que se agregaron en pandemia. En suma, una familia
tipo gasta el equivalente a siete meses de trabajo de un año”, graficó la
diputada Moragues Santos.
La legisladora libertaria sostuvo que la
suba de impuestos “no es el camino para solucionar los problemas”.
“Los bonaerenses seguimos viviendo muy
mal y estamos hartos de la corrupción, abusos de poder, impunidad, de falta de
idoneidad, el hambre y la inseguridad, que no se resuelven con más gasto
público”, sentenció.
En la misma sintonía, desde el Frente de
Izquierda postularon que la adhesión al Consenso Fiscal “es a pedido
del FMI”. “Este consenso establece un límite al gasto que cada provincia puede
emprender, pero no está planteado por haber terminado obras, viviendas, o
recompuesto nuestro sistema de salud, sino para poder pagar la deuda externa
que está fugando la riqueza de nuestro país”, señalaron desde el sector.
Vale recordar, que uno de los apartados
de la adhesión al Consenso Fiscal contiene denominado de
“endeudamiento responsable” que determina que las provincias podrán incrementar
el stock de deuda en moneda extranjera a través de líneas de financiamiento con
organismos bilaterales o multilaterales de crédito.
Desde el oficialismo, la diputada Débora
Indarte consideró que “es importante acompañar la adhesión
al Consenso Fiscal porque es una herramienta más que tiene el
Presidente para poder afrontar las responsabilidades de gobernabilidad y para
poder garantizar un crecimiento equilibrado en toda la argentina”.
El Consenso Fiscal es un
acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración
tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que
las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la
vez que aseguren una armonización tributaria.
Compre Argentino, nueva variante propuesta
por el Ejecutivo, atrasa su paso legislativo
Un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda de
la Cámara de Diputados analiza el proyecto enviado por el Gobierno sobre un
nuevo régimen de Compre Argentino.
El Frente de Todos en la Cámara de
Diputados postergó por segunda vez la firma del dictamen sobre el proyecto de
ley referido a Compre Argentino, enviado por el Poder Ejecutivo y motorizado
puntualmente por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
La subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, afirmó que
“el objetivo es generar nuevas oportunidades y desarrollo de empresas
nacionales en el fuerte poder de compra que tiene el Estado”. Destacó que se
incorpora la posibilidad de “generar sectores estratégicos e innovadores”, algo
que “no tiene la ley hoy”. Resaltó que se busca “potenciar incentivos que ya
posee la ley” y
“dos aspectos claves que no estaban incorporados” como “generar
herramientas financieras a través de la generación de un fideicomiso; y generar
espacios, como un Observatorio y Mesas de Compre Argentino, para mejorar el
acceso a la información sobre la planificación de las compras que poseen los
diferentes sujetos alcanzados por la ley”.
Al momento de las preguntas, el diputado Alejandro Cacace, Evolución
Radical, preguntó “por qué la ampliación de la preferencia”, ya que con ese
cambio “estamos tomando una decisión de que el Estado gaste más”. “Merece una
justificación”, aseguró. En su intervención, el puntano observó que se
incorporó la perspectiva de género, pero no la preferencia para empresas que
cumplan con la pauta de desarrollo sostenible, cuando nuestro país en
compromisos internacionales ha abogado por “la producción y el consumo
responsable”.
Germana Figueroa Casas, Pro preguntó “qué sucedió con la ley desde que
funciona” porque “estamos yendo por más sin saber por qué le vamos a decir a la
gente que el Estado está pagando más, si verdaderamente está funcionando (la
norma). O si no está funcionando, ¿por qué creen que por aumentarlo va a
mejorar?” la situación de las empresas, señaló entre varias preguntas.
En respuesta a las dudas de los legisladores de la oposición, Julián
Hecker, director nacional de Compre Argentino, explicó que “no necesariamente
que haya un margen de preferencia de 15% o 20% hace que el Estado pague de más
ese porcentaje.
Ese margen aplica solamente en las comparaciones entre oferta importada
y oferta nacional, no entre oferentes nacionales, entre oferentes nacionales
siempre gana el más barato”.
La diputada del Pro Graciela Ocaña aclaró: “El PAMI no
es parte de la administración pública nacional. Es un ente público no estatal.
El propio reglamento de compra de la institución lo fija la institución”, detalló.
Si uno hoy analiza cuáles han sido todas las compras del Ministerio de Salud se
va a llevar una sorpresa” porque “los reactivos que compraron no fueron de
desarrollos nacionales, fueron de la empresa internacional Abbott. Por muchas
leyes que se establezcan, si no tenemos claros cuáles son los intereses que
tenemos que defender, muchas veces esto no se produce”, resumió.
El diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, sostuvo:
“Estamos elaborando una ley para que el Estado compre más caro. Se tendría que
llamar ley de compre caro, y la verdad que sería muy bueno que hagamos una ley
de compre barato, porque estamos comprando con la plata de la gente. Cuando
nosotros compramos más caro eso requiere más impuestos que recaen sobre la
actividad productiva, hace más ineficiente la actividad productiva, y eso hace
que Argentina necesite un tipo de cambio más alto. Cuando el Estado compra más
caro los salarios de todos los trabajadores son más bajos”.
Por el oficialismo, el riojano Sergio Casas afirmó que
“esta ley es beneficiosa” y apunta a “promover la industria nacional”. Ante los
funcionarios, el diputado propuso que se incorpore “el concepto de regiones
estratégicas” ya que ” no es lo mismo producir en Buenos Aires o en Santa Fe
que en La Rioja o Catamarca” donde “se incrementan los costos del transporte”.
Ingresado en diciembre
pasado, busca mejorar los márgenes de preferencia para empresas locales en las
licitaciones públicas. El proyecto de Compre Argentino y Desarrollo para
proveedores será discutido por las comisiones de Industria y de Presupuesto y
Hacienda de la Cámara de Diputados conducidas por Marcelo Casaretto y Carlos
Heller, respectivamente.
El proyecto legislativo propone el Programa Nacional de Desarrollo de
Proveedores con el propósito de expandir sectores estratégicos, así también
crear el Fondo Fiduciario Público para el Compre argentino, para financiar en
mejores condiciones el acceso a las compras públicas.
El proyecto propone la posibilidad de elegir como proveedora a una
empresa nacional que se excede en los precios ofertados por multinacionales.
Con su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar 500 millones de dólares
al dejar de contratar proveedores extranjeros. Eleva las preferencias de las
MiPymes nacionales de un 15% a un 20%, mientras que las demás pasan del 8% al
15%.
Las empresas extranjeras podrán beneficiarse con hasta un 12% de
preferencia si están integradas por capitales nacionales. Habrá un 3% de
beneficio para empresas con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en
capital social, puestos jerárquicos y plantel general.
Se estima que el mercado que atiende el Estado es 65% de empresas
privadas nacionales y 97% son MiPyMES.
Pedidos del
Poder Legislativo al Ejecutivo
Ø JETTER, INGRID:
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONCESION DE LA HIDROVIA PARANA -
PARAGUAY Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DRAGADO LLEVADAS A CABO, SOBRE
TODO ANTE LA EMERGENCIA HIDRICA DE LA CUENCA DEL PLATA
Ø
FRIGERIO, FEDERICO: CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DEL GRUPO AEROLINEAS ARGENTINAS PARA OTRAS
EMPRESAS AEREAS.
Ø
MILMAN, GERARDO; VIDAL, MARIA EUGENIA; BANFI,
KARINA; ASSEFF, ALBERTO; STEFANI, HECTOR ANTONIO; ZAPATA, CARLOS RAUL; CARRIZO,
SOLEDAD; BACHEY, KARINA ETHEL Y SOTOLANO, MARIA: EXPRESA REPUDIO POR LOS ACTOS DE VIOLENCIA DEL GREMIO
CAMIONEROS HACIA UNA PYME UBICADA EN RESISTENCIA, PROVINCIA DEL CHACO.
Breves
Constitución de comisiones en Diputados. Parece que la crítica generará reacción ya que la llegada de algunos proyectos obliga a dar intervención a comisiones que estaban sin conformarse. Al respecto, el presidente Sergio Massa firmó la conformación de once comisiones. De esta manera, ya sumarían 31 las creadas.El proyecto de Boleta Única produjo parte del movimiento que posibilita la conformación de Asuntos Constitucionales, además de otras once comisiones. De esta manera, ya sumarán 31 comisiones creadas, restando aún la constitución de otras 15. Las resueltas son de Vivienda; la de Legislación del Trabajo; la de Justicia y la de Asuntos Cooperativos. Dos quedaron en manos de JxC y tres por el FdT.
Ley de alquileres. El intervalo en el tratamiento
del proyecto, trajo nuevas ideas al cuerpo de la comisión de Legislación
General. Hubo aporte del oficialista Eduardo Toniolli, quien motivado por lo recibido en las audiencias realizadas
respecto de pro y contra de
la ley vigente
decidió aportar lo suyo. El proyecto busca estimular la colocación de
inmuebles en la oferta de alquileres con características de ocupación
permanente a través de beneficios impositivos. Sugiere para ello explorar el
camino de los beneficios fiscales para inversores que coloquen su capital en el
mercado locativo. Operarían sobre el régimen de Monotributo y los impuestos
sobre las Ganancias y Bienes.
Según Massa, “Hood Robin”. Refiriéndose
a la importancia de desarrollar un sistema de subsidios
progresivo en la Argentina, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio
Massa expresó: “La Argentina tiene un régimen de subsidios que
funciona como Hood Robin, porque nuestra matriz tributaria no es
progresiva; el que menos cobra es el que más paga, el que más carga tributaria
tiene en términos de ingreso. Tenemos que tener un régimen de subsidios
segmentado”, expresó.
Servicio público para las comunicaciones. El senador nacional Daniel Bensusán presentó un
proyecto de ley en cuyo articulado se profundiza el acceso a la Ley 27078 –
Argentina Digital. Considera en poner sobre el tapete, en forma imperiosa, “que
las tecnologías de la información y las comunicaciones vuelvan a ser declaradas
por ley como servicio público”.
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